Ayotzinapa: investigadores alteraron búsqueda de 43 estudiantes

Ayotzinapa: investigadores alteraron la búsqueda de los 43 estudiantes Paulina Villegas y Elisabeth Malkin The New York Times / Ciudad de México Traducción: Jéssica de la Portilla Montaño. El gobierno mexicano se ha negado a dar a conocer una revisión interna que encontró que los investigadores rompieron la ley en su búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos, una conclusión que amenaza los cimientos legales en un caso que ha enturbiado a México. El reporte dice que sospechosos cruciales fueron arrestados y movidos ilegalmente, cuestionando cualquier evidencia que proveyeron. La conducta de los investigadores, en palabras del reporte del gobierno, violó \”el derecho a la verdad\” y dañó el derecho a la justicia de las víctimas. La desaparición de los estudiantes de la ciudad de Iguala en septiembre de 2014 permanece como una herida abierta en México, evidencia del fracaso del País para proteger a sus ciudadanos de impunidad en un sistema de justicia penal corrupto. Ahora el reporte provee la primera evidencia del interior de la oficina del Procurador General que muestra cómo el caso fue mal manejado. La revisión interna fue completada hace cuatro meses, impresa en 177 páginas y lista para ser entregada a los padres de los estudiantes. Las familias llegaron expectantes a una reunión con la Procuradora General el 18 de agosto, portando afiches de sus hijos desaparecidos. Pero el inspector general de la oficina de la Procuradora General les dijo que sus superiores necesitaban aprobar primero el reporte, lo cual dijo que era una simple formalidad. Esa aprobación nunca llegó. En su lugar, el reporte aún está bajo estudio, de acuerdo con la oficina del ahora Procurador General, quien no dio indicación de cuándo o de si debía ser terminado. El inspector general que preparó la revisión, César Alejandro Chávez Flores, renunció abruptamente cuatro semanas después de esa reunión. Una copia del reporte obtenida por The New York Times sugiere por qué permanece en el limbo burocrático. Representa una serie de violaciones, incluyendo al investigador más importante del gobierno llevando a un sospechoso a identificar la presunta escena criminal sin un abogado defensor presente. Un registro de esa visita nunca fue colocado en el expediente del caso, y el sitio fue dejado sin vigilancia durante la noche. La existencia del reporte interno, y del primer borrador de una auditoría más extensa de la oficina del inspector general, fue hecha pública primero por la revista Proceso y por la periodista investigadora Anabel Hernández en un libro sobre el caso. La opción de no aprobar el reporte y entregarlo a las familias \”era un signo claro de la falta de voluntad política, no sólo de la oficina de la Procuradora General sino del gobierno federal, para terminar la investigación interna\”, dijo Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en la Ciudad de México y representante legal de las familias. \”Nos mostró que el inspector general trató de hacer un trabajo honesto y que no pudo encontrar las condiciones políticas e institucionales para llevar su trabajo a las consecuencias finales\”, agregó Aguirre. Pero la oficina de la Procuradora General dijo que razones legales previnieron el dar a conocer el reporte. El inspector general que sucedió a Chávez Flores no \”reconoce\” las conclusiones del reporte porque faltan formalidades requeridas, sin especificar. \”Como tal, es un documento que legalmente no existe\”, una portavoz, Natalia Briseño, escribió en un correo electrónico. Agregó que la revisión continúa. La posibilidad de que el reporte sea suprimido es una preocupación para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual está evaluando el progreso del caso y ha presionado al gobierno para abrir nuevas líneas de investigación. \”Estamos muy preocupados y perturbados por las alegaciones planteadas recientemente\”, dijo el Presidente de la comisión, James L. Cavallaro. Agregó que la revisión era \”claramente un documento importante, y tenemos la esperanza y esperamos recibirlo\”.

Los estudiantes eran parte de un grupo mayor de jóvenes que estaban estudiando para volverse profesores rurales en una universidad en la aldea de Ayotzinapa.

[caption id=\"attachment_936\" align=\"aligncenter\" width=\"1024\"]\"Ayotzinapa: Ayotzinapa: autoridades alteraron expediente de los 43 estudiantes desaparecidos[/caption] Habían llegado a Iguala el 26 de septiembre de 2014, para expropiar autobuses para viajar a la Ciudad de México unos pocos días después. Pero conforme los cinco autobuses dejaron la ciudad, oficiales de policía municipal los atacaron y tres estudiantes fueron asesinados. La policía también atacó un autobús que llevaba jugadores adolescentes de futbol soccer, matando a tres personas más, aparentemente al confundir su autobús por uno de los autobuses de los estudiantes. Durante una noche caótica, desaparecieron estudiantes que viajaban en dos autobuses, llevados por la policía y, han dicho funcionarios, entregados al cártel local, Guerreros Unidos. El reporte de lo que sucedió después se apoya en una serie de confesiones de presuntos sicarios que dijeron que habían matado a los estudiantes y quemado sus cuerpos en una pira gigante en un tiradero de basura remoto. Al día siguiente, recogieron las cenizas en bolsas de plástico y las aventaron al cercano río San Juan. Sólo los restos de uno de los estudiantes habían sido identificados de los restos carbonizados encontrados en la orilla del río. Pero el reporte del inspector general describe cómo seis sospechosos, recogidos en diferentes locaciones en un día, espontáneamente confesaron con palabras idénticas que eran miembros de los Guerreros Unidos, y admitieron haber matado a los estudiantes y quemado sus restos. Los arrestos subsecuentes, basados únicamente en esas declaraciones, fueron arbitrarias e ilegales, decía el reporte. Bajo la Constitución Mexicana, un arresto ilegal nulifica cualquier evidencia obtenida como resultado. Había otros problemas. Las fechas eran confusas, faltaban registros. Un fiscal investigador firmó documentos en dos distintos lugares el mismo día. Lo que el reporte describe no es poco común en las investigaciones penales mexicanas, dicen los expertos. En su fervor por cerrar casos, la policía mexicana y los fiscales habían dejado de lado la ley. Los sospechosos eran recogidos para dar una declaración y luego retenidos bajo la menor prueba de sospecha de nexos con el crimen organizado. A pesar de que la policía se está adaptando a una amplia revisión del sistema de justicia de México que pretende eliminar esas prácticas, \”los viejos hábitos tardan en morir\” dijo Agustín Acosta, un prominente abogado penal defensor que no está involucrado en el caso de los estudiantes. El día después de los arrestos, un sospechoso fue liberado por el investigador líder,Tomás Zerón de Lucio, quien lo llevó volando al río. Ahí, dijo más tarde el sospechoso, se le dijo que señalara un punto en la orilla del río. Ninguna de las actividades de ese día -28 de octubre de 2014- fueron incluidas en el expediente del caso. La presencia de Zerón en el río con el sospechoso, Agustín García Reyes, fue notada primero por un grupo de expertos externos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre los descubrimientos de los expertos, los cuales presentaron en abril, había evidencia detallada de que 17 sospechosos fueron torturados, incluido García Reyes y otros dos miembros de pandillas sospechosos detenidos el mismo día. La investigación interna del inspector general fue una respuesta al reporte de los expertos. La Procuradora General de aquel entonces, Arely Gómez, también pidió al inspector general comenzar una auditoría más amplia. El Times ha obtenido una copia del primer borrador de la auditoría. Gómez es ahora la contralora federal. Zerón ha dicho que la visita a las orillas del río fue un procedimiento policial apropiado. La omisión de esa visita en el archivo del caso fue equivocado, dijo. En septiembre, renunció como cabeza de las investigaciones criminales en la oficina del Procurador General. Pero Zerón, quien ha trabajado de forma cercana con el presidente Enrique Peña Nieto por casi una década, fue inmediatamente designado como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. El primer borrador de la auditoría más amplia levanta muchas de las mismas preguntas que los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos identificó primero. Pregunta por qué la policía federal y el batallón militar local esperaron mientras la policía municipal atacó los autobuses de los estudiantes. El borrador llama a mayor investigación de interrogantes para determinar si esa negligencia cuenta como obstrucción de justicia. Uno de los misterios duraderos del caso es por qué la policía municipal nunca fue detenida por las autoridades estatales y federales en Iguala. Si la policía estatal hubiera actuado, los estudiantes y otros que fueron atacados esa noche \”no había sido lastimados o asesinados\” de la forma en que lo fueron, concluye el borrador.
Ayotzinapa es una localidad en el estado mexicano de Guerrero, localizada prácticamente conglomerada con la ciudad de Tixtla de Guerrero, cabecera del municipio del mismo nombre y es sede de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.]]>

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